La reciente tragedia ocurrida el pasado martes 26 de Marzo en el puente Francis Scott Key en Baltimore (EE.UU), pone de manifiesto los potenciales riesgos que circunda al transporte marítimo, los cuales no sólo afectan el traslado de contenedores con mercancías; sino también a la pérdida directa e indirecta de vidas humanas.

El accidente se produjo en la madrugada, y provocó el derrumbre del puente sobre el cual se desplazaban varios vehículos. Dos personas fueron rescatadas con vida; mientras que seis trabajadores que realizaban tareas en el asfalto de origen latinoamericano, simplemente desaparecieron. La embarcación se salió de su ruta, y avanzó en dirección hacia uno de los pilares, derrumbándolo.

Dalí, el carguero siniestrado, llegó a Estados Unidos procedente de China el pasado 13 de Marzo. El barco con bandera de Singapur fue construido en el 2015, el cual operaba una de las líneas de navegación de la compañía danesa de transporte Maersk. Aunque las empresas aseguradoras y reaseguradoras de las partes lleven a cabo sus averiguaciones conjunta o separadamente con las autoridades, para definir responsabilidades y estimar el monto de la indemnización de bienes y mercancías afectados; no cubre la pérdida de vidas humanas ajenas al transporte marítimo.

Si bien es cierto que la tripulación de la nave envió señales de emergencia según se aproximaba al puente Key, para que las autoridades detuvieran el acceso de otros vehículos al mismo y salvar vidas; deben extremarse todas las medidas de prevención para resguardar la vida e integridad física tanto de los trabajadores directos e indirectos, como el libre tránsito de las personas ajenas a las actividades de las empresas navieras.

Resulta imprescindible proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, y las personas con empleos precarios, tal como se establece en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8º (ODS 8º) el cual busca “promover el crecimiento económico sostenible e inclusivo, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todas las personas”.

El uso del internet ha incrementado exponencialmente una enorme cantidad de datos voluminosos y complejos, que las técnicas, procedimientos y software tradicionales se tornan insuficientes para gestionarla; así tenemos por ejemplo las investigaciones en el campo de la medicina y salud, o los registros electrónicos de pacientes, o por ejemplo la enorme red tejida en las redes sociales. Paralelamente se ha abierto un debate que refleja una creciente preocupación acerca del uso de los datos.

En este sentido, las discusiones acerca del uso responsable de los datos se hace cada vez más necesario, considerando su impacto en los contextos sociales que pueden constituir la base de servicios y políticas públicas que tengan implicación directa con la existencia o el desarrollo humano. Hablar de la ética de datos no es más que el uso responsable de la recolección, uso y diseminación de datos estructurados o no tanto de las empresas especializadas como gobiernos.

David Hand en su artículo “Aspects of Data Ethics in a Changing World: Where Are We Now?”, señala que la ética de datos debe conectar con los siguientes principios (para garantizar su uso responsable), algunos de ellos son:

• Propiedad: Los datos son propiedad de la persona que los produce.
• Consentimiento: Para utilizar un dato personal, el individuo o persona jurídica necesita el consentimiento informado y explícito de quien posee los datos (desde quién, hacia quién, cuándo, y con qué propósito)
• Privacidad: Si se realizan transacciones con los datos, deben realizarse todas las acciones y garantizar los esfuerzos posibles para preservar la privacidad de las personas cuyos datos hayan sido utilizados.
• Transparencia de transacción: Al usar datos personales lo conducente sería tener un acceso trnasparente al diseño del algoritmo empleado para agregar los datos en datasets y/o otras formas de visualización o recomendación sucesivas.

Ahora bien, habrá que implementar todas las medidas posibles que aseguren la data a fin de evitar filtraciones que vulneren la privacidad, ser víctima de delitos o piratas informáticos. El fin último es garantizar que los datos se utilicen de tal manera que beneficien al público. Hay que tener presente que al resolver un problema surjan otros no previstos. ¿Haría falta una regulación normativa?

En un primer momento, la cultura de datos ha estado asociada al requerimiento por parte de los participantes de conocer y usar fuentes de datos para tomar decisiones en procesos organizacionales; sin embargo, también ha surgido una amplia discusión basada en el uso responsable de los datos (ética de datos) que apunta hacia una mayor participación en el diseño e infraestructura de datos, así como el control y valoración de las prácticas fundadas en datos para balancear el impacto de su uso en contextos organizacionales y comunitarios.

La cultura de datos no es más que el conjunto de creencias y comportamientos colectivos de las personas que valoran, aprovechan y promueven el uso de datos para optimizar la toma de decisiones; en consecuencia, los datos se integran en las operaciones, mentalidad e identidad de una organización. El objetivo es permitir a todos acceder a la información que necesitan para basarse en datos y superar los desafíos cada vez más complejos y emergentes.

Lo anterior quiere decir que la cultura de datos no está limitada a tendencias económicas o sociales que puedan afectar a un colectivo, al volumen de transacciones, o el rendimiento de un sistema bien sea desde la eficacia, eficiencia, productividad, calidad, inclusión social, entre otros. También encuentra aplicabilidad en la planificación urbana o de transporte en general, o los programas incipientes de “ciudades inteligentes”, por ejemplo. Aparte de la salud, en el campo educativo existen múltiples opciones, desde la necesidad de alfabetizar en datos, como la equidad en el uso de analíticas de aprendizaje.

Si bien es cierto que las buenas prácticas pueden conllevar al éxito de una organización, hay que tener presente que las infraestructuras de datos implementadas pueden ocultar inequidades, sesgos, o incluso caer en el control abusivo y extrema vigilancia de los participantes (como el caso laboral de una de las más grandes empresas de paquetería norteamericana, que forzaba a sus trabajadores a cumplir con las “expectativas de rendimiento” para medir productividad, implementando modelos de hipervigilancia).

Los desafíos son múltiples y emergentes; en el próximo post “elementos a considerar para establecer una cultura de datos”.

¡En poco más de un año, es mucha el agua que ha corrido en el río! La tecnología ha dado un salto cuántico y al parecer no existen todavía barreras tangibles para limitar su expansión, en consecuencia, nos toca a cada uno de nosotros, implementar estrategias que resguarden nuestros derechos en el mundo digital.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde 2012 (nuevamente en 2014 y 2016), acordó una Resolución en la que se dispone que “los mismos derechos que tienen las personas fuera de línea, también deben ser protegidos en línea”, lo cual quiere decir que en lugar de definir nuevos derechos para el espacio digital, recomiendan ampliar los derechos humanos en el cyberespacio.

Ahora bien, ¿Existen los derechos digitales? ¿Pueden restringirnos nuestros derechos? A nivel personal debemos tener presente que la normativa vigente sobre datos es insuficiente para proteger la privacidad, por lo que se hace necesario implementar estrategias que resguarden la información sensible, ya que cada vez con más frecuencia, desarrollamos vida en línea (desde las compras, operaciones bancarias, cursos, talleres, la vida social), y los datos que alojamos allí revelan mucho de lo que pensamos y hacemos.

El derecho a la privacidad no sólo depende de la legislación sobre protección de datos, nosotros también debemos poner nuestro granito de arena e implementar estrategias de prevención y contención para evitar ser víctimas de delitos. El llamado es ser más prudentes con nuestros datos.

Hoy enfrentamos una serie de retos como los llamados trolls de internet, leyes sobre cyberdelincuencia, la retención obligatoria de datos, la neutralidad de la red y el rastreo en línea.

La alfabetización digital va más allá de saber usar una computadora o un teléfono inteligente; significa comprender cómo funcionan las tecnologías digitales, evaluar la información que se encuentra en línea, utilizar las herramientas digitales de forma creativa y productiva, además de proteger la privacidad y seguridad digital en línea.

El proceso de creación de contenido digital,diseño gráfico, edición de video, y la programación básica entre otras, fomentan la creatividad y pensamiento crítico. Quienes no poseen habilidades digitales corren más riesgo de exclusión laboral debido a que muchas ofertas de empleo requieren algún nivel de competencia digital.

Por otra parte, la alfabetización digital es fundamental para preparar a los estudiantes de cara al futuro. Su uso en el aula de clases puede propiciar novedosas experiencias de aprendizaje para los estudiantes, fomentar la colaboración en línea, resolución de problemas a través de herramientas digitales, y proporcionar acceso a los recursos educativos en línea.

Los docentes necesitan formarse y actualizar las habilidades digitales para integrar la tecnología como estrategia y recursos de aprendizaje. Sin embargo, hay que tener presente que la tecnología es una poderosa herramienta para el aprendizaje, que no sustituye en modo alguno a los procesos personales, creativos y cognitivos de los estudiantes.

¿Es ético presentar como propio un trabajo hecho con copy-paste?

El pistoletazo de una de las grandes empresas de tecnología a comienzos de 2023 con el uso de la Inteligencia Artificial (IA), dejó a todos boquiabiertos; el cambio fue de tal magnitud que todavía algunos no alcanzan a asimilar el impacto que conlleva tanto para la biósfera como para la vida humana de generaciones presentes y futuras. La IA aplicada a los procesos administrativos y sus respectivos trámites, optimizan el tiempo de espera a los usuarios así como el seguimiento, control y supervisión por parte de la administración; y se exploran los potenciales usos en la medicina, modelos económicos predictivos, justicia, educación, entre otros.

La transformación digital pone de relieve la importancia de los medios digitales en nuestra sociedad; por lo tanto entender y aplicar la alfabetización digital se convierte en una habilidad para optimizar estos procesos. En consecuencia, resulta fundamental comprender su importancia y repercusión en el mejoramiento personal y profesional de los seres humanos.

La alfabetización digital se refiere a la capacidad de una persona para utilizar de manera efectiva las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) para acceder, comprender, evaluar, crear y comunicar información de manera digital. En estos momentos, la alfabetización digital se ha convertido en una habilidad esencial para participar plenamente en la sociedad y la economía.

Si bien es cierto que las habilidades digitales fomentan la innovación y el emprendimiento las cuales resultan vitales para el desarrollo económico de comunidades y países, es imprescindible reducir la brecha digital entre aquellos que tienen acceso y los que no, especialmente quienes constituyen grupos vulnerables y se encuentran en situación de pobreza. Las políticas públicas deben estar dirigidas a consolidar una sociedad más equitativa e inclusiva que brinde a la población oportunidades para crecer y aprender.

Luego del asueto navideño, comienza el gradual retorno a las actividades cotidianas menos para algunos; los primeros días de enero se inician con las notificaciones de deportación, ahora le toca el turno a Alemania, siguiendo a Chile, EE.UU, Perú, Luxemburgo e Islandia , lo que abre el debate a ciertas interrogantes: ¿Existe el derecho a migrar fuera de tu país? ¿Pueden los Estados limitar la entrada o permanencia de inmigrantes? ¿Qué hace que los nacionales de un país busquen refugio en otro?

El desplazamiento humano ha sido documentado ampliamente en la historia; mucho antes de la antigua Roma amplios sectores poblacionales transitaban con libertad en búsqueda de alimentos, seguridad, o actividades productivas. El fundamento moderno de la libertad de movimientos, de circulación de comercio y de mares que el “hombre tiene para dirigirse y recorrer las regiones que quisiere”, tiene su origen en la doctrina de Vitoria (1483-1546); es decir, el derecho que tiene una persona a permanecer en un lugar, a salir de su país e ir a otro, de forma tal que “la amistad entre los hombres parece ser de derecho natural, y contra la naturaleza de impedir la comunicación y el consorcio de los hombres que ningún daño causan”.

El Derecho Internacional nace con la afirmación que establece el derecho que tiene todo ser humano a emigrar, a trasladarse a diferentes regiones del orbe, a salir de su país y regresar, y a comerciar con los otros hombres: “ius peregrinandi, degendi et negotiandi”. La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH-1948) en su artículo 13, establece el derecho de las personas a permanecer, circular, salir y regresar a su país; seguido de otro que consagra que “en caso de persecusión, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de el en cualquier país”.

Si bien es cierto que que las migraciones se fundan en el principio de libertad de circulación y residencia, deben conjugarse con otros dos de igual importancia: el destino universal de los bienes creados y el relativo a la importancia prioritaria del bien común en cualquier sociedad. Los países receptores deben establecer equilibrios mediante la adopción de medidas que garanticen la integración, seguridad y el orden público interno.

Aspirar una vida decente y mejor no es delito; por eso, asesórese bien, investigue y planifique exhaustivamente los pro y contra, evite las rutas ilegales que alimentan el tráfico de personas y ponen en riesgo la vida e integridad física, y desconfíe de las rutas dudosas.